Desde hace unas semanas que se
desató el conflicto entre la Municipalidad de Escobar y la Colectividad
Boliviana del barrio Luchetti. Rumores indicarían que se trata de diferencias
entorno a cierta cantidad de dinero solicitada a esta entidad de bien público
sin fines de lucro, por parte de la intendencia para obras públicas que deben
solventarse con recursos públicos. Desde El Oriental, se dialogó con los
miembros y fundadores de la Colectividad en referencia a este tema que aún
sigue sin una solución en vista.
Miembros de la colectividad
Boliviana vinculan el origen de la clausura al “cambio en la política”, haciendo referencia al cambio de gestión
en los gobiernos nacional y local. Hace ya un tiempo, y tras iniciales
tratativas entre la Colectividad y el gobierno municipal, desde el municipio se
propuso la realización de obras de asfalto en las calles que llevan al mercado
(entre otras del barrio). El compromiso del intendente sería de una inversión
municipal de 10 millones de pesos, pero también solicitaron a la colectividad
una inversión paralela de otros 25 millones. Este pedido que desde la
colectividad calificaron como ridículo, fue uno de los causales del conflicto
que hoy mantiene en vilo a toda la comunidad del barrio Luchetti.
Algunos miembros de la colectividad
hacen referencia que ese monto es demasiado abultado para la colectividad misma
y que bajo ningún punto de vista llegarían a costearlo, “ni el presidente de la colectividad gana eso” bromeaba un paisano,
socio y delegado de la colectividad; y agregaron "nosotros solicitamos varios presupuestos con diferentes
contratistas y en los tres casos, el costo de la obra que se quiere emprender
desde el municipio no supera los 5 millones de pesos, entonces desde la
Colectividad sospechamos seriamente del destino que tendrían esos fondos, en el
caso que pudiéramos reunirlos, algo que es ciertamente imposible".
El tono de la disputa se disparó
cuando desde la Colectividad se negaron a pagar lo solicitado por el municipio
para la realización de las obras. Esto generó una respuesta muy contundente por
parte de la intendencia: se realizó una inspección con presencia policial, algo
que indignó a los miembros de la colectividad: "no sólo vinieron los inspectores, vino la policía, cinco
patrulleros, y más de treinta efectivos estaban presentes cuando se realizó el
procedimiento, ver eso en el mercado, sabiendo que los delincuentes andan
sueltos por la calle, mientras que acá hay gente que trabaja la tierra que
nadie más trabaja, productores, vendedores, comerciantes, fue totalmente
violento”.
Luego del operativo policial, el
municipio dispuso la clausura del lugar, imponiendo un cobro de una multa de
casi un millón y medio de pesos. Rápidamente la Colectividad logró recaudar
entre sus socios poco menos de la mitad, pudiendo levantar provisoriamente la
clausura. Sin embargo, relacionan claramente el operativo a su negativa `a
colaborar´ con el arreglo de las calles. "La
clausura viene supuestamente porque durante la inspección se encontraron
palomas, perros dando vueltas por el predio y un matafuego fuera de lugar.
Ahora nos piden $400.000 para levantar la clausura" mencionó uno de
los socios. "Además, ahora resulta
que quieren realizar habilitaciones, no de la feria o el mercado como
superficie comercial, sino de cada puesto de venta" se quejaron, "realmente vemos una mala intención en
estas medidas, ya que ni siquiera nos dieron tiempo para poder realizar
correctamente el relevamiento de los puestos, y una correcta organización para
poder habilitar puesto por puesto".
Al ser consultados si habían
intentado tratar con otros interlocutores, en este caso, otros referentes
políticos locales, resultó curioso que salieran a delimitarse de la figura de
un concejal en particular: “nosotros no
tenemos nada que ver con Tossio”, haciendo referencia al concejal
oficialista del FPV. Es que el edil estaría muy vinculado con la feria ubicada
en la calle Rivadavia, en la estación de colectivos de Belén, en clara
competencia con la feria que la Colectividad regentea.
Los socios de la colectividad y
puesteros en la feria, destacaron la función social que cumple el mercado de la
colectividad para el barrio, para los escobarenses, e incluso para el país: “Este mercado da miles de puestos de
trabajo, una infinidad de productores vienen a vender sus cultivos aquí, y esto
genera la posibilidad de abrir nuevos mercados, aquí vienen a buscar mercadería
desde San Pedro, Pergamino, abastecemos la mayoría de las verdulerías del
Partido de Escobar, e inclusive también al Mercado Central". Otro
tanto mencionaron respecto a la feria: "contamos
con más de 900 puestos en la feria, este predio comercial tiene una importancia
vital para nuestro barrio, mucha gente trabaja acá".
Para establecer su posición frente
al municipio, los miembros de la colectividad agregan: “Si la colectividad es bien público sin fines de lucro, hay muchos
impuestos que no paga. La colectividad nada más a los productores, a los
socios, a los vendedores de la ropa en la feria; se le cobra un canon para
poner un puesto, nada más”. Dentro de la ordenanza fiscal lo que hay es una
figura que son “grandes superficies comerciales”. O sea la organización de la
feria paga una tasa, y después cada feriante paga un canon por su puesto. “El municipio lo que quiere implementar
ahora es que cada puestero pague impuestos por tener un puesto en la feria,
entonces un feriante que tiene un puesto adentro del mercado pasaría a pagar
además del canon un tasa por “seguridad, alumbrado, barrido y limpieza”. A
lo cual, como entidad de bien público, responden: “Nosotros
prestamos todos los predios deportivos y de eventos para las escuelas locales y
no le cobramos nada al municipio. La colectividad cumple un rol social y
comunitario importante y lo único que quieren es clausurarnos para cobrarnos
plata. Si lo único que quieren es sacarle plata a la colectividad, esta
política se va a volver sucia. Si sigue esta actitud, ya estamos preparando los
camiones para cortar la panamericana” advirtieron. Es que frente a la falta
de respuestas, los miembros de la colectividad participarían activamente de
posibles protestas, pero inclusive los productores de otros distritos se
sumarían también a estas eventuales acciones públicas frente a la nula
respuesta del palacio municipal.
Finalmente, al ser consultados cuáles
serían los pasos a seguir, indicaron: “ahora
nos remitimos a entablar diálogo con la gobernadora, la defensoría del pueblo y
con la embajada boliviana. Lo que queremos es sumar actores a esta
discusión, que realmente vemos sin sentido”. Uno de los socios fundadores
finalmente recordaba que “esta es la
colectividad boliviana más grande de Zona Norte y no podemos tolerar que nos
atropellen como pretenden”.
